Tras la propuesta del Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, de fijar un precio para la compra de leche excedentaria, con destino a la exportación, se manifestaron varios gremios ganaderos, como Analac y Fedegán.

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Este último, a través de la Cámara Gremial de la Leche rechazó el uso del modelo sobre la producción, pues tendría consecuencias sobre el ingreso de los productores.

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Por otra parte, la Cámara, dependiente de Fedegán, reclamó porque la industria lechera no ha hecho el incremento obligatorio del 7 por ciento a los productores y, por el contrario, ha disminuido unilateralmente el pago de las bonificaciones.

“Así, una disminución del pago a través del Precio de Exportación que se promueve, deterioraría aún más el nivel de vida de los productores, más si se tiene en cuenta el alto nivel de importaciones que se ha registrado en el primer bimestre del año, que ya supera las 14.000 toneladas.

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“El Proyecto de Resolución va en contravía de las posibilidades de crecimiento del sector y realmente no contribuye a disminuir las importaciones realizadas”, concluyó el gremio.
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Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), propuso estudiar alternativas distintas al precio de exportación, planteado por el Gobierno, “pues la negociación directa entre ganaderos con la industria, sobre el volumen excedente de producción que iría para exportación, se constituye en una desventaja para el productor”.

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También está en desacuerdo con el proyecto de Resolución, debido a que este impactaría negativamente el ingreso del productor, permitiendo que el comprador le pague un precio por debajo del mínimo establecido por la Resolución 0017 de 2012.

La decisión de no apoyar la propuesta radica en el incremento de las importaciones de productos lácteos en lo corrido del año y en la merma en el precio al productor.

No obstante, Analac coincide con el Gobierno en que la situación del sector amerita evaluar medidas alternativas para contrarrestar importaciones e iniciar un proceso de sustitución por la producción nacional, siempre y cuando se tenga un plan de exportaciones concreto, con participación voluntaria de los ganaderos.

‘LA PROPUESTA TIENE MUY BAJA SUSTENTACIÓN’

“El diagnóstico que sustenta la propuesta es muy insuficiente para tomar esta decisión, de tan profundas implicaciones en el sistema de pago de la leche”, le dijo a Portafolio Ricardo Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (Unaga). Sobre ese tema, el dirigente gremial indicó varios aspectos:

En primer lugar, la valoración presentada en la propuesta de norma omite la evolución de las importaciones de lácteos y sus implicaciones, como la pérdida del mercado interno para los productores, del orden de un cuatro por ciento del consumo interno en los últimos cinco años.

También, se asume que el país ha tenido excedentes en los últimos años, pero las importaciones han aumentado.

En tercer lugar, la propuesta de resolución deja de lado que la competitividad de la cadena láctea es compartida entre productores e industria.

Por otro lado, atribuye las falencias competitivas exclusivamente a los productores de leche y, por tanto, aspira a dos tipos de beneficios a ser canalizados por la industria: precios más bajos para los excedentes, inferiores a los establecidos por el sistema de pago por resolución y compensaciones a las exportaciones, por parte del llamado Fondo de Estabilización de precios (FEP).

La propuesta no ofrece beneficios a los productores, más allá de la garantía de compra de toda la producción y del plazo de un año para un contrato de proveeduría.

El vocero de Unaga indica que la ampliación de los mercados es deseable para los productores, definida como el avance en el mercado interno (reducción de la leche importada) y crecimiento de la oferta, superior a la tasa de crecimiento poblacional.

Ahora, para las fincas –como proveedoras individuales–, es deseable generar garantías de compra para leche excedente y en general para la producción, por un tiempo estable de, al menos, dos años.

Por último, Ricardo Sánchez propuso replantear la propuesta por fuera de la resolución 17 del 2012, pero como eje de interés de los productores.

Sin afectar el sistema de pago, se consideraría una propuesta de interés común entre productores y la industria para la ampliación de los mercados.

Fuente: Portafolio