La novela de la cuota parafiscal ganadera, que comenzó hace siete años, y que ha tenido, entre otros episodios, la liquidación del Fondo Nacional del Ganado –que administraba la Federación Colombiana de Ganaderos–, está como para no retirarse de la pantalla. La puja es por un contrato de $68.000 millones anuales, que se adjudicará inicialmente, por 10 años.
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Este proceso se diferencia de otras licitaciones porque Fedegan, el mismo gremio al que el Gobierno le quitó la administración de dichos recursos, insiste en retomarla. Por eso, ha anunciado que participará en la convocatoria que abrió recientemente el Ministerio de Agricultura, y cuyo plazo para la presentación de propuestas vence el próximo 22 de junio.
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La trama principal de la película es la política. Por un lado, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie –reconocido miembro del Centro Democrático– ha sido un agudo crítico de las decisiones sobre el sector del agro, desde que Juan Camilo Restrepo era Ministro y ahora con Aurelio Iragorri, como titular de la cartera. Por su parte, los dos funcionarios han señalado que no tienen nada contra el gremio, sino que siempre estuvieron en desacuerdo con la forma como se administró del Fondo Nacional del Ganado (FNG), ahora en liquidación.
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Pero esta historia, que en un comienzo tenía como protagonistas a Fedegan y al Minagricultura, ha venido acumulando actores extras que cada vez tienen papeles más importantes. El primero de ellos fue el nacimiento del gremio de productores denominado Nueva Federación de Ganaderos (NFD), que se erige como la más opcionada a quedarse con la administración de la parafiscalidad. En un comienzo se creía que era apenas una disidencia de un sector en contra de Lafaurie, pero luego empezó a rodar el rumor de que su objetivo era convertirse en el nuevo administrador los $68.000 millones anuales.
En la lista de organizaciones que han ganado importancia en este pulso figuran Analac, el gremio de productores de leche; Unaga, que reúne a un buen número de criadores de diferentes razas y Asocebú, entre otros. Sin embargo, en los últimos meses surgió un actor que ya tiene un papel protagónico en esta historia. Se trata de la Cooperativa de Lecheros de Antioquia (Colanta), organización que hace parte de la NFD. Ayer, el gerente de la empresa lechera antioqueña, Sergio González, le dijo a Portafolio que los rumores sobre este tema no son ciertos. “Nunca hemos estado interesados en manejar la parafiscalidad de la carne y la leche”.
Lo que se dice es que la participación de Colanta se daría a través de Federación de Asociaciones Ganaderas de Antioquia (FAGA), vinculada a la NFD. Esto le permitiría al consorcio acreditar el 65% de la experiencia en contratación con el Estado, y alcanzar la cifra de más de 54.000 ganaderos afiliados de cada proponente, como lo exigen los pliegos de la licitación.
Sin embargo, la participación de Colanta en la licitación, así sea de manera indirecta, ha ‘levantado roncha’ en el sector, debido a que los ganaderos afiliados a la cooperativa no pagan la cuota parafiscal. En efecto, la entidad solo está obligada a trasladar a la cuenta especial los recursos de la cuota que cancelan los ganaderos a los que la cooperativa les compra leche, aunque no pertenezcan a ella.
En medio del ‘lleve y traiga’ que ronda al sector, pocos aceptan dar declaraciones ‘on the record’. Es más, se dice incluso que los pliegos están hechos a la medida para que el ganador sea el grupo de la Nueva Federación y sus aliados. Sin embargo, otros sostienen que, con las condiciones impuestas por el Ministerio de Agricultura, el proceso tendrá que ser declarado desierto, debido a que ninguno de los aspirantes podría cumplir con los requisitos.
La novela va en que la semana pasada venció el plazo para hacer observaciones a los pliegos definitivos, y que Fedegán no estuvo en la última audiencia pública, como sí lo hicieron la Nueva Federación, Unaga y Confegan.
Entre las críticas a los pliegos figuran las dudas sobre la calidad del estudio presentado por la cartera de Agricultura acerca de la radiografía del sector en el país. Se dice que esta investigación no tiene soportes. Sin embargo, en el documento oficial se advierte que el estudio es de carácter general y que los aspirantes al contrato deberán realizar sus propias estimaciones para la propuesta.
Fuente: Portafolio